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  1. #1
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    26 jul, 06
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    España
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    2

    Expropiacion

    Hola, me expropian un terreno con una cabaña (legal) por un precio que me parece irrisorio, debido al paso de una carretera. ¿Que tengo que hacer para reclamar o alegar que no estoy de acuerdo? ¿Existe algún modelo a seguir, o formulario? Agradecería cualquier ayuda.
    Gracias. Un saludo.

  2. #2
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    31 jul, 06
    Ubicación
    Granada, España
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    1,696

    Re: Expropiacion

    La ley 30/92 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las AAPP y del PAC. Establece: ARTÍCULO 35. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
    Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los
    siguientes derechos:
    a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos
    en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos
    contenidos en ellos.
    b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones
    Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
    c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los
    originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en
    el procedimiento.
    d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de
    acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto de Ordenamiento Jurídico.
    e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento
    anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano
    competente al redactar la propuesta de resolución.
    f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de
    que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.
    g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que
    las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se
    propongan realizar.
    h) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos
    previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes.
    i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán
    de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
    j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su
    servicio, cuando así corresponda legalmente.
    k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.
    ARTÍCULO 40. COMPARECENCIA DE LOS CIUDADANOS
    1. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo será obligatoria
    cuando así esté previsto en una norma con rango de Ley.
    2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará
    constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los
    efectos de no atenderla.
    3. Las Administraciones Públicas, a solicitud del interesado, le entregarán certificación
    haciendo constar la comparecencia.

    Mientras la ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 señala en su exposición de motivos:
    C) Justiprecio.
    La fijación de la indemnización constituye, como es obvio, el problema capital de una
    ley de expropiación. El criterio tradicional de someter las diferencias de apreciación
    pericialmente establecidas a una decisión motivada y preparada por una tercera
    estimación pericial ha de reconocerse que no ha sido nunca propugnado como
    procedimiento ideal, sino más bien como un último recurso, al que empíricamente se
    acude en defecto de reglas tasadas que permitan una determinación automática del
    valor del objeto de la expropiación. Los criterios automáticos añaden a su intrínseca
    objetividad la ventaja de eliminar gran número de reclamaciones, ya que sustraen la
    base sobre la cual cabe plantearlas, que no es otra que la pluralidad abierta
    indefinidamente de los medios de estimación.
    No se han escatimado esfuerzos a fin de conseguir sustituir el procedimiento de la
    controversia pericial por otro que permitiera una determinación más objetiva del justo
    precio. Mas ya desde un principio pudo advertirse que existen supuestos de
    expropiación en los que bien sea por carecerse de toda clase de estimación general
    preconstituida, bien porque los criterios generales vendrían a ofrecer resultados muy
    arbitrarios en más o menos respecto al principio de justa indemnización de que se
    parte, es imposible prescindir de una tasación pericial. La determinación del justo prcio
    sobre bases fiscales ha de partir de la premisa de que la riqueza imponible, fiscalmente
    establecida, suponga una valoración no sólo objetiva y bien ponderada del bien de que
    se trate, sino además, rigurosamente al día desde el punto de vista del poder
    adquisitivo de la moneda. Y se comprende que esto no es siempre posible por la
    forzosa complejidad de las operaciones evaluatorias, que no se pueden llevar a cabo en
    plazos tan moderados que se sustraigan a oscilaciones de no escasa significación
    económica.
    De otro lado, salvo que se entienda que la estimación fiscal constituye lo que desde
    luego no es, es decir, una declaración administrativa de valoración, eficaz no sólo en la
    relación fiscal, sino en toda relación con la Administración en que el valor de un bien
    pueda jugar algún papel, esa estimación debe sevir como uno de los elementos que
    concurran a la determinación del justo precio, pero no ser el criterio de suyo, y
    exclusivamente, determinante. Esto implicaría volver la espalda a realidades
    económicas elementales, en las que precisamente el bien expropiado encuentra la
    referencia de valor más adecuado. Todo ello hace que sea preciso ponderar las
    valoraciones fiscales con las de mercado y para casos excepcionales dejar abierta la
    posibilidad de apreciación de circunstancias específicas, que de no tenerse en cuenta
    provocarían una tasación por completo irrazonable. Estos son los principios que en este
    punto inspiran la Ley.
    Desde el momento en que, por las razones aludidas, hubo de renunciarse a la
    determinación automática del justo precio, para dar paso, en mayor o menor medida, a
    una apreciación de circunstancias específicas del caso, pasaba al primer plano la
    cuestión del órgano de tasación. Es evidente que el sistema del «tercer perito» que
    inspira la legislación hasta ahora vigente, reduce en los más de los casos a un papel
    puramente pasivo la función del órgano que formaliza la resolución, aparte de llevar
    consigo un juego de plazos de excesivo peso para la agilidad de la acción
    administrativa. Como es natural, en el procedimiento actual los peritajes de las partes
    están inspirados en el propio interés de éstas, al que se sobrepone la mediación
    arbitral del tercer perito; teóricamente cabría pensaar que el tercer peritaje decidiera
    de derecho la cuestión, cuanto que ya, las más de las veces, lo hace de hecho. Pero
    esta solución es insatisfactoria, tanto desde el punto de vista de los principios —por
    cuanto supone la dejación en manos privadas de una cuestión en la que están
    vivamente comprometidos intereses públicos e intereses privados, e implica, por lo
    tanto, una ruputra con las bases mismas de la justicia administrativa— como en
    consideración a los supuestos mismos del fallo. En efecto, en cuanto éste debe resultar
    de la apreciación de bases tasadas de diferente índole y, excepcionalmente, de
    circunstancias muy singulares que justifiquen en un caso dado el separarse de
    aquéllas, no es posible dejar todos estos elementos a juicio de una persona calificada
    por la sola condición de su pericia en tasaciones de cierta índole. Por otra parte, sólo
    una permanencia en esa función, una reiteración en los criterios, un conocimiento de la
    economía local, puede abrir el paso a lo que constituye, sin duda, el ideal en esta
    materia: objetivar las tasaciones en forma que sean el resultado de la aplicación de
    criterios generalizados.
    Así se justifica una de las innovaciones más importantes de la Ley: la constitución de
    los Jurados Provinciales de Expropiación, que vienen a ser órganos en los que se
    componen las dos funciones, pericial y judicial, escindidas en el sistema actual, pero
    que reúnen, además, las ventajas que proporciona la permanencia y especialización en
    la función, la colegiación (que permite llevar a su seno los intereses contrapuestos) y la
    preparación, al mismo tiempo en los aspectos material y jurídico, de la cuestión a
    decidir. Ciertamente, estas ventajas están supeditadas en todo al acierto que presida
    en la composición de estos órganos y condicionadas, por otra parte, a la carga
    burocrática que lleven consigo. Se han estudiado minuciosamente los dos aspectos,
    para evitar que se malograra la solución, y se cree haberlo conseguido en las normas
    propuestas. El artículo 32 fija la composición del Jurado, atribuyendo su presidencia a
    un Magistrado, con lo que garantiza la objetividad de visión y el rigor judicial del
    procedimiento y asegura la representación de los intereses financieros y fiscales de la
    Administración y patrimoniales de la propiedad privada, así como de los de índole
    técnica, incluyendo finalmente a un Notario, en atención a su conocimiento de las
    transacciones y a la independencia de su función pública.
    En cuanto al coste de estos organismos, la Ley ha apurado todas las posibilidades para
    reducirlos al mínimo, y prácticamente se ha conseguido.
    Sobre estas bases, el Jurado de expropiaciones puede llegar a corregir las mayores
    deficiencias del actual sistema de tasación, del mismo modo que lo han hecho en el
    extranjero organismos similares; pero, sobre todo, encierra las mayores posibilidades
    de conseguir —por la preparación de índices y la fijación más precisa de las bases de
    valoración— llegar algún día a una determinación automática del justo precio.
    Con todo, la crítica del procedimiento depende en grado considerable del acierto que
    presida su configuración procesal. También en este punto, la comparación de esta Ley
    con la hasta ahora vigente obliga a admitir que se ha conseguido una notable
    economía. En la Ley de 1879 se señalan como plazos: el de ocho días para la
    designación de peritos (artículo 20); el de quince, para aceptar o rehusar la oferta de la
    Administración (artículo 26); quince, para la presentación de la hoja de tasación
    pericial del propietario (artículo 27); ocho, para la eventual conciliación (artículo 28);
    ocho para la designación del tercer perito por el Juez (artículo 31); treinta, para que
    éste lleve a cabo la tasación (artículo 33); treinta, para la resolución por el Gobernador
    (artículo 34); treinta, para la interposición del recurso, y otros tantos para la resolución
    que corresponda (artículo 35). En total, ciento setenta y cuatro días, sin contar el plazo
    de un mes para la notificación de la orden resolutoria, y el de dos meses para la
    interposición del recurso contencioso. El procedimiento que la Ley adopta comprende,
    en cambio, los siguientes plazos: veinte días, para que la Administración acepte o
    rehúse y, en su caso, para que, a su vez, formule su hoja de aprecio (artículo 30),
    después del plazo de veinte días que para la presentación de la hoja de aprecio tiene el
    propietario (artículo 29); diez días, para que el propietario acepte o rehúse la
    formulada por la Administración, en su caso (artículo 30), y finalmente, en caso de
    controversia, ocho días para la resolución ejecutoria por el Organo al efecto establecido
    (artículo 34). En total, cincuenta y ocho días como duración máxima de los trámites.
    A esta significativa aligeración del procedimiento hay que añadir que, según se ha
    dicho, cabe esperar en numerosos casos el que se consiga la conformidad de las partes
    desde el momento en que los aspectos controvertidos vienen, de antemano,
    atemperados por la necesaria motivación sobre las bases legales de las hojas de
    aprecio (artículo 37).
    Con respecto a los bienes inmuebles, se ha distinguido a estos efectos entre fincas
    urbanas y rústicas. En las primeras se consigue una determinación automática del
    justiprecio del solar al adoptarse como estimación la que tuvieren asignada a efectos
    del arbitrio municipal sobre incremento del valor, corregida en un diez por ciento a
    favor del propietario. En cuanto a los edificios, se ponderan como factores el valor en
    venta debidamente justificado con arreglo a la situación, destino y estado de la
    edificación, y la capitalización al interés legal del líquido imponible señalado a efectos
    de la contribución territorial urbana. En cuanto a las fincas rústicas, respecto a las
    cuales, como es notorio, las valoraciones fiscales no están en general al día, a fin de no
    prescindir de todo factor automático, se toman en consideración los líquidos
    imponibles, según catastro o amillaramiento, incrementados en un cinco por ciento en
    el primer caso, y en un diez por ciento, en el segundo. Estos incrementos deben
    considerarse teniendo en cuenta que, a efectos de depósito, la Ley de 1939 señalaba
    los de cinco y veinte por ciento. Del mismo modo que en el caso de las fincas urbanas,
    la indemnización es el promedio entre este valor fiscal y el valor en venta debidamente
    acreditado.
    Con respecto a bienes muebles, no era posible utilizar criterios idénticos por la
    prácticamente ilimitada heterogeneidad del objeto a expropiar. Sin embargo, en el tipo
    de riqueza mobiliaria que con más frecuencia puede quedar afectado por la
    expropiación, es decir, la expropiación de empresas cuyo capital aparece incorporado al
    título de participación, también se ha conseguido una determinación automática al
    deducir la indemnización de un promedio de elementos rigurosamente precisos, como
    son la cotización, la capitalización de los beneficios distribuidos en los tres ejercicios
    inmediatamente anteriores a la expropiación y el valor teórico, según balance, obtenido
    por la diferencia existente entre el activo real y el pasivo exigible.

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