La cuestión que someto a los compañeros es la siguiente:
Alcalde que obtiene mandamiento para entrar y desahuciar a un grupo político del local que tenía asignado en un inmueble municipal.
Con este título, que no es notificado al grupo, al que tampoco se apercibe del lanzamiento conforme al art. 130.2 del Reglamento de Bienes de la EE.LL., entra en la dependencia, se lleva toda la documentación política, ficheros, material informático y de oficina, etc.
Es claro que a pesar del título habilitante o apoderamiento de entrada, no ha sido escrupulosamente observada la normativa de aplicación para la ejecución del acto de desahucio, y he ahí la cuestión:
a) Esta deliberada inobservancia constituye o no un ilícito penal?? (prevaricación; contra los derechos individuales, allanamiento, etc.)
b) Se trata solo de una mera irregularidad administrativa??.
No se puede perder de vista que con la entrada a la dependencia y el apropiamiento de la documentación, se han vulnerado derechos fundamentales -art. 23 de la Constitución y 77 de la Ley de Bases del Régimen Local-.
Ruego remitan opiniones a mi correo así como todas aquellas referencias jurisprudenciales que al respecto conocieran.
Saludos.